El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno contra el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta normativa preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos.
El pleno del tribunal considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado y entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.
En la sentencia se recoge que el Estado ha adoptado medidas que determinan de un modo homogéneo para todo el país los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores.